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Novedades más significativas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Martillo Public domainSegún el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,  “imputado” es un adjetivo que se refiere a aquella persona contra quien se dirige un proceso penal.

Las medidas que se preven  en la legislación procesal española, están dirigidas a proteger los derechos de la persona contra la que se dirige el proceso panal garantizando de esta manera su derecho de defensa.

El hecho de ejercitar la imputación de una persona en un procedimiento, no debiera ejercer una definición negativa sobre aquella. Es más, el hecho de obtener la calificación de imputado, garantiza que durante el proceso, la persona goce de la máxima protección de sus derechos fundamentales.

El cambio de la denominación de imputado a investigado, no significa un cambio en su situación procesal. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), modificada el 6 de octubre de 2015,  sustituye el término “imputado” por el de “investigado”, en la fase de instrucción, que pasará a denominarse “encausado” tras el auto formal de acusación.

Por otra parte, la reforma de la norma introdujo una serie de novedades, entre las que caben destacar las siguientes:

  • Se limita la instrucción a seis meses para las causas sencillas y 18 meses para las complejas, prorrogables por igual periodo. La ampliación podrá ser solicitada por el fiscal, la acusación popular, acusación particular, defensa y Abogacía del Estado, pero no por el juez de instrucción. La limitación comenzará a aplicarse a los sumarios ya abiertos, pero para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el tiempo ya transcurrido de instrucción, es decir, el contador empezará de cero para el caso Púnica, los ERE de Andalucía, Bankia, etc.
  • Separación de las piezas en los llamados macroprocesos, de manera que se instruirá una causa por cada delito.
  • Los jueces deberán justificar en un auto la detención incomunicada de los detenidos quienes serán sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado psíquico y físico. Además, los menores de 16 años no podrán ser sometidos al régimen de detención incomunicada.
  • Se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico. También se podrán interceptar los mensajes de Whatsapp. Siempre será necesario contar con autorización judicial. Además, el juez podrá autorizar la utilización de claves, códigos y un software de vigilancia (troyanos) en un ordenador, teléfono móvil o dispositivo electrónico sin que el titular tenga conocimiento de que están siendo examinados.
  • Se introduce un artículo que regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de las personas durante una detención. Para ello las fuerzas de seguridad podrán adoptar las “medidas necesarias” para acabar así con las denominadas ‘penas de telediario’ que sufren muchas personas antes de ser juzgadas.
  •  El texto introduce la figura del agente encubierto en Internet que podrá investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa.
  • Los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados, sino que tendrán un carácter administrativo.
  • Se amplía la figura del decomiso para poder actuar contra todo el patrimonio de un penado, es decir, para recoger todos los bienes del condenado con el fin de recuperar el dinero defraudado como consecuencia de los delitos.
  • Los tribunales superiores de Justicia revisarán en apelación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional será la que se ocupe de las dictadas por este tribunal, en lugar de hacerlo el Supremo.

 

Refencias.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Autor Imagen: Succo, Licencia CC.

El uso de prismaticos en las labores de investigación y el domicilio

prismaticos

En los últimos días, se ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación por la sentencia realizada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España, en la cual se anula la condena de cárcel por tráfico de drogas impuesta por la Audiencia de Ourense a dos personas.
En este recurso de casación, se considera ilícita la prueba de cargo presentada por la acusación ante la Audiencia de Ourense, la cual consistía en la observación directa por parte de agentes de policía de los dos acusados intercambiando una sustancia que parecía droga cuando se encontraban en el interior del domicilio de uno de ellos, utilizando para ello unos prismáticos, tal como se puede leer en la sentencia:

…Valiéndose de unos prismáticos, los agentes observaron a través de uno de los dos ventanales que daban a la calle, correspondiente al salón y el cual carecía de ningún obstáculo que dificultase o impidiese ver el interior, como Acusado1 y Acusado2, manipulaban una sustancia de color marrón y la envolvían en un plástico negro, así como la presencia de otra sustancia contenida en una bolsa termosellada…

Una vez los agentes constataron que estas personas manipulaban una sustancia presuntamente estupefaciente y abandonan el domicilio saliendo a la vía publica portándola, proceden a su detención, encontrándoles:

…Al ser registrado el acusado Acusado2 se encontró en un bolsillo de la parte delantera de la sudadera que llevaba puesta dos bellotas y media, un trozo de bellota, dos trozos de resina de cannabis con un peso de 28,709 gramos, una bolsita termosellada conteniendo 0,184 gramos de cocaína con una pureza del 77,44 %, una navaja, 25 euros y en la bolsa roja que portaba 10 bloques de resina de cannabis con un peso de 964,10 gramos y 390 gramos de heroína con una riqueza del 28,25%, sustancias que Acusado2 y Acusado1 poseían de forma conjunta con la finalidad de proceder a su venta a terceras personas y lucrarse con el precio de la venta.
El valor total de la sustancia estupefaciente intervenida tiene un valor de 27.603,22 euros…

Los acusados fueron condenados, pero realizaron un recurso ante el Tribunal Supremo alegando que los agentes violaron el domicilio al utilizar unos prismaticos para observar el interior del mismo.
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo se pronuncio manifestando:

…El razonamiento conclusivo de los Jueces de instancia para descartar la reivindicada nulidad probatoria no puede ser compartido por esta Sala. En el último párrafo del FJ 1º se afirma lo siguiente: “… consideramos que en el supuesto a examen, la actuación de los agentes, derivada de la inmediatez del curso de los hechos, no supone la vulneración del derecho a la intimidad de los acusados en cuanto estos no establecieron obstáculo alguno que impidiese la visión del salón, como se desprende de la precisa información facilitada por los agentes, la cual sería inviable de haberse dispuesto obstáculos que impidiesen esa visión”. Más allá de las dudas que suscita la equívoca referencia a la “… inmediatez del curso de los hechos”, lo cierto es que la protección constitucional de la inviolabilidad del domicilio, cuando los agentes utilizan instrumentos ópticos que convierten la lejanía en proximidad, no puede ser neutralizada con el argumento de que el propio morador no ha colocado obstáculos que impidan la visión exterior. El domicilio como recinto constitucionalmente protegido no deja de ser domicilio cuando las cortinas no se hallan debidamente cerradas. La expectativa de intimidad, en fin, no desaparece por el hecho de que el titular o usuario de la vivienda no refuerce los elementos de exclusión asociados a cualquier inmueble. Interpretar que unas persianas no bajadas o unas cortinas no corridas por el morador transmiten una autorización implícita para la observación del interior del inmueble, encierra el riesgo de debilitar de forma irreparable el contenido material del derecho a la inviolabilidad domiciliaria…
…Es cierto que la reforma no contempla de forma específica el empleo de prismáticos. Éstos no permiten la grabación de imágenes. Sin embargo, la intromisión en la intimidad domiciliaria puede encerrar similar intensidad cuando se aportan al proceso penal las imágenes grabadas o cuando uno o varios agentes testifican narrando lo que pudieron observar, valiéndose de anteojos, en el comedor del domicilio vigilado. En el presente caso, además, se da la circunstancia de que no concurría ninguno de los supuestos de legitimación de la injerencia a que se refiere el art. 18.2 de la CE . No medió autorización judicial. Tampoco existió consentimiento del morador, expreso o implícito, ni por actos concluyentes. Y ello pese al esfuerzo 5 argumental de los Jueces de instancia para derivar esa autorización del hecho de no haber corrido las cortinas del salón principal de la vivienda sita en el piso NUM000 del inmueble número NUM001 , situado en la CALLE000 . Ya hemos dicho que la protección constitucional frente a la incursión en un domicilio debe abarcar, ahora más que nunca, tanto la entrada física del intruso como la intromisión virtual…

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo añade que la protección frente a la incursión en un domicilio debe abarcar, ahora más que nunca, tanto la entrada física del intruso como la intromisión virtual. La revolución tecnológica ofrece sofisticados instrumentos de intrusión que obligan a una interpretación funcional del artículo 18.2 de la Constitución. La existencia de drones, cuya tripulación a distancia permite una ilimitada capacidad de intromisión en recintos domiciliarios abiertos es sólo uno de los múltiples ejemplos imaginables.

Referencias:
Sentencia núm. 276/2015, del 24 de julio de 2015 y dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Orense
Sentencia núm. 329/2016, del 20 de abril de 2016 y dictada por la Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo.
Autor Imagen: Unsplash