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Cita: Las reformas no necesitan violencia.

“Toda reforma impuesta por la violencia no corregirá nada el mal, el buen juicio no necesita de la violencia.”

León Tolstói (1828 – 1910)

Novedades más significativas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Martillo Public domainSegún el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,  “imputado” es un adjetivo que se refiere a aquella persona contra quien se dirige un proceso penal.

Las medidas que se preven  en la legislación procesal española, están dirigidas a proteger los derechos de la persona contra la que se dirige el proceso panal garantizando de esta manera su derecho de defensa.

El hecho de ejercitar la imputación de una persona en un procedimiento, no debiera ejercer una definición negativa sobre aquella. Es más, el hecho de obtener la calificación de imputado, garantiza que durante el proceso, la persona goce de la máxima protección de sus derechos fundamentales.

El cambio de la denominación de imputado a investigado, no significa un cambio en su situación procesal. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), modificada el 6 de octubre de 2015,  sustituye el término “imputado” por el de “investigado”, en la fase de instrucción, que pasará a denominarse “encausado” tras el auto formal de acusación.

Por otra parte, la reforma de la norma introdujo una serie de novedades, entre las que caben destacar las siguientes:

  • Se limita la instrucción a seis meses para las causas sencillas y 18 meses para las complejas, prorrogables por igual periodo. La ampliación podrá ser solicitada por el fiscal, la acusación popular, acusación particular, defensa y Abogacía del Estado, pero no por el juez de instrucción. La limitación comenzará a aplicarse a los sumarios ya abiertos, pero para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el tiempo ya transcurrido de instrucción, es decir, el contador empezará de cero para el caso Púnica, los ERE de Andalucía, Bankia, etc.
  • Separación de las piezas en los llamados macroprocesos, de manera que se instruirá una causa por cada delito.
  • Los jueces deberán justificar en un auto la detención incomunicada de los detenidos quienes serán sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado psíquico y físico. Además, los menores de 16 años no podrán ser sometidos al régimen de detención incomunicada.
  • Se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico. También se podrán interceptar los mensajes de Whatsapp. Siempre será necesario contar con autorización judicial. Además, el juez podrá autorizar la utilización de claves, códigos y un software de vigilancia (troyanos) en un ordenador, teléfono móvil o dispositivo electrónico sin que el titular tenga conocimiento de que están siendo examinados.
  • Se introduce un artículo que regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de las personas durante una detención. Para ello las fuerzas de seguridad podrán adoptar las “medidas necesarias” para acabar así con las denominadas ‘penas de telediario’ que sufren muchas personas antes de ser juzgadas.
  •  El texto introduce la figura del agente encubierto en Internet que podrá investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa.
  • Los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados, sino que tendrán un carácter administrativo.
  • Se amplía la figura del decomiso para poder actuar contra todo el patrimonio de un penado, es decir, para recoger todos los bienes del condenado con el fin de recuperar el dinero defraudado como consecuencia de los delitos.
  • Los tribunales superiores de Justicia revisarán en apelación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional será la que se ocupe de las dictadas por este tribunal, en lugar de hacerlo el Supremo.

 

Refencias.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Autor Imagen: Succo, Licencia CC.